En la última década Chile,
siguiendo una tendencia internacional, ha generado una institucionalidad
relevante para promover la transparencia activa en el accionar del Estado. La
ley nº 20.285 de agosto de 2008 relativa al derecho de acceso a la información
de los órganos de la Administración del Estado, significó un paso
trascendental para crear una cultura de transparencia en el país. Esta ley creó
el Consejo para la Transparencia, obligó a todas las reparticiones estatales a
publicar en sus sitios web información respecto de su gestión y uso de recursos,
incorporó las recientes regulaciones en materia de lobby, entre otras
modificaciones. Sin ninguna duda, ha existido un enorme avance respecto de la
situación hace no muchos años atrás.
Este cambio es un proceso en
desarrollo y, por lo mismo, presenta distintos grados de avance real entre las
diferentes categorías de organismos públicos, sujetos a la ley de transparencia
y también dentro de una misma categoría. Ante esto, una característica
compartida por todos hoy, dado el mandato de la ley (“Los órganos de la
Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a
disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos,
…antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes…” Art. 7º), es la
importante cantidad de información que se publica en los sitios web del Estado.
Pero una cosa es la cantidad
de información publicada y otra muy distinta su calidad y utilidad. Es evidente
que en el espíritu del legislador siempre ha estado el que las agencias
estatales publiquen información relevante, utilizable y veraz. No obstante,
esto desafortunadamente está todavía lejos de cumplirse. Existe una
enorme cantidad de información, pero no siempre es posible encontrar
consistencia entre datos sobre un mismo asunto, pero de fuentes distintas, o
sobre el significado de las categorías usadas para agregar esa información. O
encontrarla en formatos adecuados y que faciliten el uso de los datos.
Al profundizar en la data se
descubren situaciones de clara inconsistencia, o simplemente errores que no
tienen ninguna revisión posterior: para 2015, por ejemplo, en los informes de
cumplimiento de los indicadores de desempeño de los servicios se encuentra que
12 productos estratégicos tienen un presupuesto asignado igual a cero; ocho
productos tienen un presupuesto asignado menor a un millón de pesos; en el caso
de un SERVIU, uno de sus productos tiene asignado un monto de mil pesos
destinado a cubrir 4.400 familias que viven en campamentos; en la DGAC existe
un producto con un gasto “autorizado” de $36.312.563.073.000, que es más que el
gasto total del Gobierno Central del país, y así suma y sigue. La lista es larga y,
desafortunadamente, la existencia de tales errores no genera reacción alguna,
ya que no existen políticas de calidad de información para las agencias
públicas.
En síntesis, parece existir
transparencia donde en realidad hay opacidad y recelo desde el aparato público
hacia la sociedad a la cual, se supone, sirve y por la cual existe. Ese recelo,
o cultura de la opacidad, implica que en general no se dé importancia a los
errores o inconsistencias de información ni exista real preocupación, salvo en
grupos reducidos, por avanzar en verdadera transparencia fiscal; es decir, en
la generación de datos útiles, confiables y usables. Esta es una tarea
pendiente, lograrla requiere mucha energía y perseverancia; la meta debiese ser
tener en el mediano plazo información consistente transversalmente y relevante
para una evaluación ciudadana de la función pública.
Disponible en El Líbero.
¿Cómo podemos mejorar esta sección?
¿Te gusto nuestra publicación?
*Donación de $2.000
saber más
Nos alegramos de que la sección sea de tu utilidad!
¿Cómo podemos mejorar esta sección?
Infórmate de lo último del Obsevatorio. Nuestras actividades y estudios directamente en tu e-mail.