En el último informe de Transparencia Internacional, sobre la percepción de corrupción en el sector público local, Chile se ubicó en lugar 25 de 176. Y si bien, este es un lugar positivo para compararse con otros países, la realidad muestra que el país ha mantenido una curva descendente. La evaluación podría ser incluso menos favorable para el 2017, si consideramos la caída de 17 puntos en la confianza de la ciudadanía en Carabineros mostrada en la encuesta CEP. Situación similar que se vive a nivel municipal, donde los millonarios déficits y los innumerables casos de malversación de caudales públicos en las Corporaciones Municipales levantan la alerta. La importancia de transparentar el uso y destino de los recursos que ahí se administran se ha transformado en algo clave, sin embargo, la opacidad sigue siendo el denominador común.

Viendo esta situación, el Observatorio del Gasto Fiscal salió a revisar la composición de estas entidades, su marco jurídico y funcionamiento. Ahí se encontró con un sinnúmero de problemas. Que van desde la falta de fiscalización hasta el gran poder que tiene el edil sobre esta. De hecho, varios concejales entrevistados para este análisis, dijeron que estas instituciones se han transformado en el “brazo armado del alcalde”. Situación completa que se muestra en el estudio del marco teórico.

Las corporaciones municipales se crearon justo para administrar con mayor flexibilidad y autonomía los servicios traspasados a los municipios en los años 80’s, donde destaca la salud y la educación. No obstante, en la práctica, esta herramienta ha sido útil para bypassear el marco jurídico regulatorio que deben cumplir los organismos públicos en materia de gestión de recursos y rendición de cuentas municipal.

Así las cosas, las corporaciones municipales se pueden prestar para contratar y pagar remuneraciones u horas extras a personal que, a su vez, ya presta servicios en la municipalidad de la corporación. Y como estos dineros no se consideran en el presupuesto del municipio, no se fiscalizan en la nómina del presupuesto de la nación, menos se contabilizan para efectos del Fondo Común Municipal, puede pasar sin problema.

De hecho, las Corporaciones Municipales pueden recibir donaciones privadas sin que exista la obligación de indicar –públicamente– quienes las entregan, los incentivos que tienen para hacerlo y el destino final de las mismas. Además, pueden efectuar adquisiciones y compras sin la obligación de ajustarse a los procedimientos, controles sobre transparencia y resguardo de la probidad que garanticen la inexistencia de potenciales conflictos de intereses.

En este contexto, hoy las corporaciones municipales operan al servicio de una sola persona (el alcalde) y que influye no solamente en la percepción y confianza de la ciudadanía en el sector público, sino también en la probidad real con la cual el sector municipal opera. Por esa razón se hace necesaria redefiniciones a la actual estructura regulatoria de las Corporaciones Municipales, así como el fortalecimiento y unificación de criterios a aplicar por las diferentes instancias y entidades llamadas a fiscalizarlas, como lo es también, por ejemplo, la Contraloría General de la República.

¿Serán capaces los alcaldes de dejar este poder?

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