En
el último informe de Transparencia Internacional, sobre la percepción de
corrupción en el sector público local, Chile se ubicó en lugar 25 de 176. Y si
bien, este es un lugar positivo para compararse con otros países, la realidad
muestra que el país ha mantenido una curva descendente. La evaluación podría
ser incluso menos favorable para el 2017, si consideramos la caída de 17 puntos
en la confianza de la ciudadanía en Carabineros mostrada en la encuesta CEP.
Situación similar que se vive a nivel municipal, donde los millonarios déficits
y los innumerables casos de malversación de caudales públicos en las
Corporaciones Municipales levantan la alerta. La importancia de transparentar
el uso y destino de los recursos que ahí se administran se ha transformado en
algo clave, sin embargo, la opacidad sigue siendo el denominador común.
Viendo
esta situación, el Observatorio del Gasto Fiscal salió a revisar la composición
de estas entidades, su marco jurídico y funcionamiento. Ahí se encontró con un
sinnúmero de problemas. Que van desde la falta de fiscalización hasta el gran
poder que tiene el edil sobre esta. De hecho, varios concejales entrevistados
para este análisis, dijeron que estas instituciones se han transformado en el
“brazo armado del alcalde”. Situación completa que se muestra en el estudio delmarco teórico.
Las
corporaciones municipales se crearon justo para administrar con mayor
flexibilidad y autonomía los servicios traspasados a los municipios en los años
80’s, donde destaca la salud y la educación. No obstante, en la práctica, estaherramienta ha sido útil para bypassear el marco jurídico regulatorio que debencumplir los organismos públicos en materia de gestión de recursos y rendiciónde cuentas municipal.
Así
las cosas, las corporaciones municipales se pueden prestar para contratar y
pagar remuneraciones u horas extras a personal que, a su vez, ya presta
servicios en la municipalidad de la corporación. Y como estos dineros no se
consideran en el presupuesto del municipio, no se fiscalizan en la nómina del
presupuesto de la nación, menos se contabilizan para efectos del Fondo Común
Municipal, puede pasar sin problema.
De
hecho, las Corporaciones Municipales pueden recibir donaciones privadas sin que
exista la obligación de indicar –públicamente– quienes las entregan, los
incentivos que tienen para hacerlo y el destino final de las mismas. Además,
pueden efectuar adquisiciones y compras sin la obligación de ajustarse a los
procedimientos, controles sobre transparencia y resguardo de la probidad que
garanticen la inexistencia de potenciales conflictos de intereses.
En
este contexto, hoy las corporaciones municipales operan al servicio de una sola
persona (el alcalde) y que influye no solamente en la percepción y confianza de
la ciudadanía en el sector público, sino también en la probidad real con la
cual el sector municipal opera. Por esa razón se hace necesaria redefiniciones
a la actual estructura regulatoria de las Corporaciones Municipales, así como
el fortalecimiento y unificación de criterios a aplicar por las diferentes
instancias y entidades llamadas a fiscalizarlas, como lo es también, por
ejemplo, la Contraloría General de la República.
¿Serán
capaces los alcaldes de dejar este poder?
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