El organismo dice que se encuentra abocado a subsanar dichas deudas y que, hasta julio de 2017, se ha pagado un monto que asciende a $53 mil millones correspondientes a servicios prestados entre los años 2010 y junio 2017. La deuda original ascendía a $61.689 millones y la fiscalización del uso de estos recursos sigue bajo la lupa.

La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha comprometido al sistema completo. En este desorden, tanto administrativo y económico, los únicos afectados son los niños más vulnerables del país, que ven cómo sus oportunidades de emprender camino propio se desvanecen. Esta falta de control que se vive dentro del Servicio, que en parte fue detallada hace unos meses por el Observatorio, tiene una arista que hasta ahora nadie ha explorado y que podría complicar aún más el modelo subsidiario con el que funciona el servicio: Se trata de las deudas contraídas por el Sename debido al sobrecupo (plazas adicionales a los convenios regulares, 80 BIS) que a junio de 2017 superaban los $8 mil millones.

A través de la Ley de Transparencia, el Observatorio del Gasto Fiscal tuvo acceso al total de deudas que el Sename mantiene con Organizaciones Colaboradores Acreditadas (OCAS) desde el año 2010 a junio de 2017, desglosado por tipo de deuda, y que en total alcanzaba los $61.689 millones. Hasta el momento de la solicitud, se había sido saldado un 85% de esa deuda, quedando un pasivo para el Servicio que llega a los $8.670 millones (casi US$14 millones).

Entre las instituciones que más dinero se le adeuda aparece la Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria Opción ($974 millones), Fundación Mi Casa ($929 millones), Fundación Consejo de Defensa del Niño ($829 millones), ONG Proyecta ($714 millones) y Serpaj Chile ($647 millones). En total, a estas instituciones se les debe más de $4 mil millones. Esto es un 47% del total de la deuda actual del Sename.

Coincidentemente, en esta corta lista de instituciones, se repiten algunos nombres de las OCAS que más dinero han recibido desde 2015 a junio de 2017 por convenios, según el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Oportunidad y Acción Solidaria OPCIÓN, por ejemplo, recibió durante ese período $37 mil millones en convenios para la realización de programas y diagnósticos para el Sename. El Consejo de Defensa del Niño recibió $18.871 millones. Mientras que Fundación Mi Casa recibió $16.268.

Las millonarias deudas del Sename podrían llegar a tener repercusiones graves de no pagarlas en un plazo acotado. Ya un reportaje de reportaje de Revista Qué Pasa aseguraba que estas instituciones ya tenían claro una cosa: o se les paga o dejarán de atender a niños. El riesgo aumenta cuando se toma en cuenta que las instituciones que más dinero se le debe, son las que prestan sus servicios a la mayor cantidad de niños del sistema.

María Alejandra Ríos, coordinadora de ONG Proyecta, que es el cuarto acreedor en términos nominales del Sename, dijo al Observatorio que ellos han funcionado gracias “al ahorro que ha hecho la institución, lo que permitió asumir gastos durante estos meses. Sin embargo, en octubre la situación es distinta: no tenemos recursos para solventar remuneraciones, traslados, arriendos y otros gastos básicos”.

Sólo en ONG Proyecta la cantidad de niños que están siendo atendidos por sobrecupo llegan a los 2.675 casos. Estos niños serían los primeros afectados, quedándose sin atención y asistencia, de no realizarse el pago de al menos una parte de lo adeudado este mes.

Mientras tanto, en la Corporación Opción dicen estar informando de manera periódica al Sename sobre el nivel de endeudamiento que se mantiene y que han tenido que generar diversas “estrategias que permitan mantener los procesos de intervención. Sin embargo, de retrasarse los pagos o suspenderse, sin duda que podría llevar a limitar o suspender la atención de niños, niñas, adolescentes y sus familias”.

Una situación similar sucede en la Fundación Consejo de Defensa del Niño, donde aclaran que su deuda a septiembre de 2017 alcanza los $1.170 millones. Esto es $341 millones más de lo informado por Sename. “Hemos intentado minimizar estos impactos asumiendo incluso con recursos propios -en espera de ser reembolsados por Sename- estas prestaciones insolutas, de manera que los niños actualmente atendidos lo sigan siendo hasta el final del período previsto para ello, sin afectación alguna. Lo propio respecto de nuestros profesionales”, respondieron al Observatorio Fiscal.

Esta situación se enmarca en el medio de la propuesta de la Ley de Presupuestos 2018 que, según lo anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet, incluirá un aumento en las subvenciones del Sename en un 24%. Según la propuesta publicada en la Dipres, las subvenciones a privados alcanzarían los $197 mil millones, cifra que incluye el reajuste proyectado por Hacienda de 2,6%. En 2017, el presupuesto de esta misma línea fue de $170 mil millones. Esto significaría que el aumento real (descontando el IPC proyectado) llegaría al 13,1%.

Las áreas afectadas por la deuda

Si bien, el problema financiero del Sename con las OCAS se concentra en tres grandes áreas (programas, centros residenciales y diagnósticos), son los programas donde se encuentra el mayor porcentaje de fondos por pagar. En total son $8.199 millones, que incluyen modelos tan importantes como el “programa especializado en maltrato” ($3.574 millones), “prevención focalizada” ($1.416 millones), “representación jurídica para niños y niñas y adolescentes víctimas de delitos” ($790 millones), “familia de acogida especializada” ($647 millones) e “intervención especializada” ($350 millones).

En el caso de los centros residenciales, la mayor deuda es para la “protección para mayores” que alcanza los $135 millones. Mientras que la deuda por diagnósticos ronda los $300 millones.

En la respuesta entregada al Observatorio, Sename destacó que el cálculo realizado se hizo en base a “la información que los mismos organismos colaboradores entregan al Servicio, en cuanto a las atenciones realizadas, por lo que el monto informado en este momento es circunstancial hasta que dichas atenciones no sean verificadas y validadas”.

¿Qué es el sobrecupo?

Conocido como el 80 BIS, se trata de un artículo de la Ley 20.286 (de subvenciones) sobre “Procedimientos Especiales”. Y, de hecho, es una situación excepcional, cuando un tribunal requiere enviar un niño a cuidado o programas en específico por una situación de crisis o urgencia y que tiene mérito para recibir atención de manera rápida.

Personas entendidas en el modelo judicial de familia chileno, dijeron al Observatorio que los tribunales -muchas veces- derivan indiscriminadamente casos a los distintos establecimientos, sean estatales u OCAS, lo que genera una sobredemanda que debe ser atendida casi por obligatoriedad.

Así las cosas, las instituciones acreditadas por el Sename reciben a los niños por orden de los Tribunales de Familia y luego dan cuenta de estos “sobrecupos”, para que empiece a rodar un sistema que es tildado por muchos de los actores del sistema como “engorroso” y “burocrático”. Y es ahí donde se genera gran parte de la deuda que tiene el Sename con estas entidades, porque el Servicio tiene que revisar informes documentales y cotejar que la atención del niño fue tal como se dice, para luego verificar la disponibilidad presupuestaria y hacer la transferencia a la institución.

“Estamos acostumbrados a ir bicicleteando con nuestros fondos. Pero eso lo podemos hacer gracias a nuestro modelo de finanzas. Si te pagan una parte, uno puede alcanzar más tiempo con ese bicicleteo. Una vez debían seis meses y cuando lo pagaron pudimos funcionar por un tiempo adicional”, dice María Alejandra Ríos de ONG Proyecta.

El Consejo de Defensa del Niño ahondan en esta situación, diciendo que “lamentablemente, el Sename no ha establecido un plazo para el pago , ni un proceso o protocolo para hacerlo o para ponerse al día con la deuda. Esto dificulta toda planificación, intensifica la incertidumbre de las ONG y de sus profesionales. Además, vulnera en lo inmediato los derechos de los niños que se incorporan a las listas de espera y quedan desprotegidos única y exclusivamente por el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones”.

De hecho, en esta última institución aseguran que este año han atendido alrededor de 20 mil niños y sus familias: “Si consideramos que las atenciones derivadas por 80 bis son el 40% de las atenciones, se estaría afectando del orden de 8 mil niños en conjunto con sus familias”, concluyen.

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