guillermo Por Guillermo Pattillo, director del Observatorio del Gasto Fiscal y profesor de Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

En la última década Chile, siguiendo una tendencia internacional, ha generado una institucionalidad relevante para promover la transparencia activa en el accionar del Estado. La ley nº 20.285 de agosto de 2008 relativa al derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, significó un paso trascendental para crear una cultura de transparencia en el país. Esta ley creó el Consejo para la Transparencia, obligó a todas las reparticiones estatales a publicar en sus sitios web información respecto de su gestión y uso de recursos, incorporó las recientes regulaciones en materia de lobby, entre otras modificaciones. Sin ninguna duda, ha existido un enorme avance respecto de la situación hace no muchos años atrás.

Este cambio es un proceso en desarrollo y, por lo mismo, presenta distintos grados de avance real entre las diferentes categorías de organismos públicos, sujetos a la ley de transparencia y también dentro de una misma categoría. Ante esto, una característica compartida por todos hoy, dado el mandato de la ley (“Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, …antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes…” Art. 7º), es la importante cantidad de información que se publica en los sitios web del Estado.

Pero una cosa es la cantidad de información publicada y otra muy distinta su calidad y utilidad. Es evidente que en el espíritu del legislador siempre ha estado el que las agencias estatales publiquen información relevante, utilizable y veraz. No obstante, esto desafortunadamente está todavía lejos de cumplirse. Existe una enorme cantidad de información, pero no siempre es posible encontrar consistencia entre datos sobre un mismo asunto, pero de fuentes distintas, o sobre el significado de las categorías usadas para agregar esa información. O encontrarla en formatos adecuados y que faciliten el uso de los datos.

Al profundizar en la data se descubren situaciones de clara inconsistencia, o simplemente errores que no tienen ninguna revisión posterior: para 2015, por ejemplo, en los informes de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los servicios se encuentra que 12 productos estratégicos tienen un presupuesto asignado igual a cero; ocho productos tienen un presupuesto asignado menor a un millón de pesos; en el caso de un SERVIU, uno de sus productos tiene asignado un monto de mil pesos destinado a cubrir 4.400 familias que viven en campamentos; en la DGAC existe un producto con un gasto “autorizado” de $36.312.563.073.000, que es más que el gasto total del Gobierno Central del país, y así suma y sigue. La lista es larga  y, desafortunadamente, la existencia de tales errores no genera reacción alguna, ya que no existen políticas de calidad de información para las agencias públicas. (http://observatoriofiscal.cl/Estudios/2016/12/06/desempeno-del-sector-publico/)

En síntesis, parece existir transparencia donde en realidad hay opacidad y recelo desde el aparato público hacia la sociedad a la cual, se supone, sirve y por la cual existe. Ese recelo, o cultura de la opacidad, implica que en general no se dé importancia a los errores o inconsistencias de información ni exista real preocupación, salvo en grupos reducidos, por avanzar en verdadera transparencia fiscal; es decir, en la generación de datos útiles, confiables y usables. Esta es una tarea pendiente, lograrla requiere mucha energía y perseverancia; la meta debiese ser tener en el mediano plazo información consistente transversalmente y relevante para una evaluación ciudadana de la función pública.


Disponible en El Líbero.

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