Luces en materia de rendición de cuentas del gasto público

Por Pablo Collada, Director Ejecutivo Ciudadano Inteligente; Magdalena Valdés, Directora Ejecutiva J-PAL LAC; y Jeannette von Wolfersdorff, Directora Ejecutiva Observatorio del Gasto Fiscal.

En la última Ley de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, junto con la Dirección de Presupuestos, realizaron una modificación relevante y positiva en materia de transparencia del gasto público: el envío “en formato digital, procesable y bajo estándar XML” de la información que todos los años se envía al Congreso y, en especial, a la Comisión Mixta de Presupuestos y a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), como parte de la rendición de cuentas de dicha ley. Esta iniciativa, inspirada por un grupo de parlamentarios liderados por el diputado Jaime Pilowsky, implica que desde este año todos los informes relacionados a la ejecución de ingresos y gastos específicos, así como los reportes periódicos exigidos vía las múltiples glosas presupuestarias para cada servicio público y programa, no se entregarán más en papel, sino que por vía digital. Así, se busca que los parlamentarios, al momento de votar un nuevo presupuesto, accedan fácilmente a informes de activos y pasivos, información de gastos en subsidios, o, aún más específico, llegar más rápido a los datos de listas de espera en el sector salud, o conocer el porcentaje de avance de un programa de desarrollo para la Araucanía, solo por dar unos ejemplos.

Con esta modificación, el Ministerio de Hacienda y la DIPRES buscan no solo facilitarle a los parlamentarios el uso de información presupuestaria, sino también, poner esta información a disposición de la sociedad civil interesada.

Como organizaciones preocupadas de la calidad y la buena gestión de las políticas públicas, y junto con felicitar a todos los involucrados por este paso, nos gustaría detallar el potencial de la modificación en sus distintas aristas. En primer lugar, el envío digital de los respectivos informes y archivos se traducirá en un trabajo más ágil de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, fortaleciendo su acción fiscalizadora. Asimismo, estas bases digitalizadas serán recopiladas y sistematizadas con mayor facilidad, permitiendo que sean revisadas por la prensa, la sociedad civil y otros estamentos, transparentando con ello la labor del Gobierno y del Congreso en lo relativo a la asignación de fondos e incrementando el control social del gasto público. Por otro lado, dado que se trata de una gran cantidad de datos, su nuevo formato digital permitirá que los documentos puedan analizarse con fines académicos (vía data o text mining), generando información científica valiosa o -como bien dijo una vez Kenneth Cukier de The Economist- encontrando “pepitas de oro escondidas detrás de montañas de datos”.

Sin embargo, una cosa es visibilizar de manera más práctica, ecológica y eficaz toda esta información y otra muy distinta es analizar la real usabilidad de los datos que se enviarán cada año desde el Gobierno Central. ¿Qué tan útil es la información que reciben los parlamentarios? ¿Qué mejoras podrían sugerirse para que el análisis de las glosas y las decisiones tomadas se traduzcan en un mejor uso de los recursos públicos? En esta línea, sería recomendable que una mesa de trabajo conformada por expertos y la sociedad civil interesada asesore y participe en el análisis de estos archivos digitales, retroalimentando a las autoridades sobre qué información debería requerir el Parlamento a los programas y ministerios.

Así, por ejemplo, una sugerencia de la mesa podría ser el generar pautas para que los parlamentarios introduzcan o eliminen indicadores, o que soliciten ratios de cumplimiento preestablecidos para los informes enviados durante la discusión presupuestaria. De esta forma, tanto los parlamentarios como la sociedad civil podríamos saber de manera transparente si un programa está cumpliendo sus objetivos. A su vez, la mesa podría sugerir que se solicite información referente a los costos de implementación de un determinado programa. Con estos datos, el gobierno y quienes estuvieran interesados podrían realizar un análisis de costo-efectividad o medir el impacto de estos programas. Esto sería un gran avance en la búsqueda de hacer que los escasos recursos públicos se utilicen de manera más transparente y, por sobre todo, eficiente.

Hacer accesible la rendición de cuentas de la Ley de Presupuestos, y darle a la sociedad civil interesada un espacio constructivo para que pueda apoyar a los parlamentarios en ir afinando y mejorando dicha información para que sea realmente útil en la práctica, son elementos fundamentales para avanzar en políticas de participación ciudadana dentro del ciclo presupuestario, aspecto en el que estamos al debe como país. En efecto, de acuerdo a la Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), la apertura y transparencia son principios que se deben estar presentes para hacer posible una participación plena, en la que un rango amplio y diverso de grupos ciudadanos intervengan o estén representados en el proceso de toma de decisiones.


Disponible en El Mostrador.

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