Por el diputado Jaime
Pilowsky y Orlando Rojas, Director de Proyectos del Observatorio del Gasto
Fiscal.
Durante los últimos meses
hemos sido testigos de cómo nuestra institucionalidad pública, en particular
nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, ha sido vulnerada por
hechos graves de corrupción. De allí nacen lecciones que debemos aprender,
considerando que un importante activo que debe cuidar una sociedad democrática
como la nuestra es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones
públicas.
Los recientes desvíos de
recursos fiscales para fines personales reflejan una falta de probidad en lo
más profundo de su significado, evidenciando un componente ético trastocado o
nulo por parte de los funcionarios involucrados. Frente a esto, es importante
preguntarse: ¿existen mecanismos de control efectivos que prevengan este tipo
de accionar?, o bien ¿estamos destinados a sorprendernos extemporáneamente por
un hecho consumado de corrupción?
Analizando los casos
sucedidos en las Fuerzas Armadas y Carabineros, existen ciertos aspectos que
han favorecido su desarrollo: exiguas medidas de control interno en procesos
críticos de los organismos, así como claras debilidades por parte de las
entidades fiscalizadoras externas. Ante esto, Einstein ya nos había dejado una
simple pero profunda reflexión: “si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo”. Por lo tanto, si queremos no solo detectar mejor, sino, ante
todo, prevenir casos de corrupción, ciertamente debemos preocuparnos por
cambiar la forma en la cual controlamos y analizamos los procesos más riesgosos
de nuestras instituciones públicas.
En este sentido, llegó un
momento oportuno para modernizar los controles que se ejecutan, aprovechando,
además, las oportunidades brindadas por las nuevas tecnologías. Acerca del
control interno, sabemos que Carabineros creó recientemente una Unidad de
Análisis Financiero Interna, para salvaguardar el correcto uso de los recursos
de la institución. Será altamente necesario que esta nueva unidad desarrolle
una visión que considere auditorías continuas sobre los procesos críticos, como
única manera de anteponernos al desvío de recursos, ya que revisiones ex post
no solamente tienen altos riesgos de prescripción de los hechos, sino además
intervienen cuando el patrimonio público y la confianza de los ciudadanos ya
fueron vulnerados. Lo mismo vale respecto del control externo realizado por la
Contraloría General de la República, el cual requiere de una mayor capacidad de
anticipación para cumplir de manera óptima sus funciones. Ello solo es posible
con la identificación de los puntos críticos de los procesos vulnerables y con
la construcción de modelos analíticos que se nutran de información oportuna y
continua otorgada por las instituciones, para así detectar patrones anómalos en
su ejecución y alertar a tiempo dichos casos. Por ejemplo, se podría considerar
el envío periódico de datos respecto del proceso de pago de remuneraciones, los
cuales el ente fiscalizador analizaría mediante modelos de minería de datos, a
fin de alertar desembolsos fuera de la normativa vigente o movimientos
presupuestarios alejados del comportamiento histórico. Así, este nuevo modelo
contribuiría a una mayor eficiencia del proceso de control, aportando
información que permita enfocar recursos de fiscalización sobre casos con mayor
probabilidad de encontrar problemas relevantes.
Para llevar esto adelante,
un compromiso básico de las instituciones debiera ser el intercambio de
información de calidad y oportuna con la Contraloría, así como una
profesionalización con competencias analíticas sobre datos de todos los
servicios mencionados.
En definitiva, es tiempo de
aprender de los últimos casos de corrupción, para así diagnosticar brechas
existentes en los controles internos y externos, reconocer prácticas
internacionales innovadoras al respecto y aplicarlas vía un marco metodológico
serio que nos sitúe en la vanguardia y nos asegure mejores resultados en el
combate del mal uso de los fondos públicos.
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