La corrupción es un riesgo que siempre está latente en nuestra sociedad. Su expresión es variada, desde la influencia política de empresas o personas que financian la política de forma ilegal, hasta el empleo de militantes de partidos políticos en puestos públicos sin cumplir las competencias requeridas. En todas sus formas, la corrupción hace un daño importante al funcionamiento de nuestra democracia y como tal, no es un delito cualquiera: es un delito contra la República.

Nuestra sociedad fue recientemente testigo de casos tanto en Chile (SQM, PENTA, COPEC, etc.), como en Perú (caso Vladimiro Montesinos y Lava Jato). En búsqueda de fórmulas que previenen de forma más efectiva la corrupción, 15 instituciones de la sociedad civil chilena y peruana se unieron en Perú el 2 y 3 de octubre del 2017, apoyados por las Cancillerías de Chile y Perú, para realizar la “Declaración de Lima”: un manifiesto para unir esfuerzos de la sociedad civil en la region y un llamado a políticas mínimas para prevenir mejor la corrupción.

Este documento propone a las autoridades de ambos países mejorar los mecanismos institucionales de persecución penal, ir perfeccionando la transparencia útil y el acceso efectivo a la información pública, así como mejorar la participación o la vigilancia ciudadana, entre otros.

Además, los 15 firmantes reafirman que la lucha contra la corrupción demanda de los Gobiernos un liderazgo más efectivo, así como una arquitectura institucional capaz de permitir mecanismos de constante autoevaluación, estableciendo una mejor manera de medir y relacionar los sistemas que miden el desempeño del gasto público.

Adicionalmente, se  identifica como punto crucial la revisión de las compras públicas, que mantienen uno de los riegos más altos en materia corrupcion en el Estado. Se hace urgente mejorar la transparencia respectiva, incluyendo especialmente datos precisos sobre las estructuras societarias de todas las empresas que participan en el sistema. También, unos de los principales propósitos es conocer la identidad de las personas naturales beneficiarias detrás de estas empresas. Esto hará posible prevenir futuros conflictos de interés, así como identificar los casos de concentraciones, que hoy podrían permanecer ocultas bajo la instrumentalización de diversas figuras de personas jurídicas.

Las 16 instituciones dejan constancia de querer profundizar el diálogo binacional para contribuir al desarrollo de una estrategia de articulación de los más amplios sectores de la sociedad civil en los países de la región, con el propósito de actuar de manera concertada y con objetivos determinados en materia de lucha contra la corrupción.

Revisa la declaración completa aquí.

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