El Senado aprobó a fines de noviembre el proyecto de ley de Presupuestos 2018, quedando despachado del Congreso a un día de que se venciera el plazo legal. Esto tras a acción de la Cámara Alta que dio el visto bueno a los cambios introducidos por la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias con al Cámara Baja. La principal discrepancia estuvo relacionada con cómo se financiaría los nuevos cupos parlamentarios -35 diputados y 5 senadores- que se sumarán al Parlamento el próximo año. Mientras, la Cámara de Diputados abogaba para que los recursos provinieran de una reducción de las asesorías de ambas corporaciones con un costo fiscal cero, el Senado se negaba a recortar y traspasar dineros, porque ello afectaría su trabajo legislativo.

Asimismo, el Senado aprobó la indicación presentada por el Gobierno durante la Comisión Mixta para entregar $4 mil millones adicionales de presupuesto al Sename que provendrán del Tesoro Público.

En paralelo, Hacienda le puso freno al gasto público en octubre: creció a su menor ritmo del año. Según informó la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gasto fiscal se incrementó 1,1% en el décimo mes del año, su nivel más bajo de expansión en lo que va del ejercicio y una desaceleración importante desde el 5% registrado en el tercer trimestre.

Además, el Gobierno de Michelle Bachelet decidió solventar millonarias cifras en tierras en zonas de conflicto mapuche. Según un reportaje de El Mostrador, un programa de adquisición de tierras que le ha costado al Estado varios de cientos de millones de dólares desde su inicio, en el mandato de Eduardo Frei, y que, pese a las posturas adversas en la arena presidencial, que se circunscriben a debatir sobre si hablamos o no de terrorismo, los gobiernos han mantenido bastante estable la billetera del gasto público en la ejecución de los artículos 20 A y 20 B, independientemente del color político.

Un total de $ 157 mil millones (unos US$ 240 millones al actual tipo de cambio) ha aportado en los últimos 10 años el Fisco a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) para el pago de desahucios en las Fuerzas Armadas. Se trata de un beneficio a todo evento que reciben los uniformados al retirarse del servicio activo. De acuerdo a La Tercera, el gasto del Estado en la última década representa un promedio de 32% del total de los desembolsos que ha hecho Capredena por este beneficio en el período, llegando en algunos años hasta el 86% de montos totales anuales, al sumar aportes fiscales extraordinarios.

A principios de noviembre, el Ministerio de Hacienda y el Congreso firmaron un protocolo de acuerdo con tres ejes que buscan avanzar en transparencia fiscal: transparencia, probidad y rendición de cuentas. Ahí es donde la Unidad de Asesoría Presupuestaria (UAP), que ahora prestará servicios de forma permanente para ambas cámaras, para servir de contraposición a Dipres.

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