Posterior a la publicación en El Mercurio de nuestras propuestas en relación a los dueños de empresas, el mismo medio publicó una columna editorial. A continuación, la columna completa:

La realidad en que se desenvuelven las empresas ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, no solo en aspectos tecnológicos y de competitividad, sino también de relacionamiento y transparencia con la sociedad en que se insertan. De ahí que una iniciativa para que se elabore un registro de los propietarios finales de las compañías habría sido difícil de comprender hace 20 o 30 años y hoy parece un aporte que sería valorado por la comunidad.

Por diversas razones, los dueños de empresas usan distintas sociedades de inversiones para controlarlas y eso dificulta saber quiénes son las personas naturales propietarias de una entidad específica. Una indagación de las escrituras que dieron origen a cada una de las sociedades debiera permitir el acceso a esa información, aunque hay casos en que las ramificaciones internacionales dificultan esa situación al extremo. Pero todo eso requiere una labor jurídica y económica especializada.

Un registro de fácil acceso que permita saber quiénes son las personas naturales que están al final de las sociedades de inversión que son dueñas de una empresa puede ser de interés para la opinión pública. Las propias firmas deberían interesarse voluntariamente en proveer esta información. Incluso, las propias entidades promotoras de esta iniciativa—dos organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio de Gasto Fiscal en Chile y Chile Transparente—podrían diseñar un sistema de certificación de las empresas que cumplen con criterios aceptables de transparencia en esta dimensión. En la medida en que se valore esta certificación, muchas empresas se sumarían a esta iniciativa.

Sin embargo, sus impulsores aspiran a que este registro se establezca por ley. Son asuntos que también se están discutiendo en otras latitudes y se suele justificar la necesidad legal apelando principalmente a que sería una herramienta para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Parece desconocerse que la existencia de canales distintos a las personas naturales como controladores de empresas obedece, la gran mayoría de las veces, a buenas razones que dicen relación, por ejemplo, con formas eficientes de estructurar las relaciones deuda-capital o definir participaciones en distintos países o sectores productivos. Por ello, rara vez habría un afán de ocultamiento de las personas naturales que están detrás de las sociedad que controlan o tienen participación accionaria en las empresas. Además, es muy difícil que el reporte de dichas personas sirva para detener la corrupción o el lavado de dinero. Hay otros instrumentos mucho más efectivos para esos propósitos. La evasión de impuestos, a su vez, puede controlarse a través de otras disposiciones como la retención en el nivel donde se producen las ganancias.

Más plausible es el argumento de que la transparencia sugerida ayuda a evitar comportamientos anti competitivos en, por ejemplo, licitaciones públicas. En estas ocasiones hay menor atención a los controladores finales. Así, dos compañías pueden parecer distintas, pero pertenecer a un único controlador. Por cierto, las empresas que se presentan a estos procesos tienen una trayectoria y es difícil que algo de estas características pueda pasar tan desapercibido, pero no es descartable.

Se trata de una interesante propuesta, para promover instituciones prudenciales de bajo costo de implementación que tienen beneficios potenciales relevantes. Es valioso que entidades de la sociedad civil estén proponiendo estos cambios. Ambas organizaciones son un ejemplo del aporte que pueda hacer una sociedad civil vibrante al desarrollo del país.


Fuente: El Mercurio, Editorial A3, 20/04/2018, Los dueños finales de las empresas; disponible en este link.

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