El presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el ex-senador Andrés Zaldívar, anunció un nuevo criterio que permitiría a congresistas a contratar personal para tareas políticas, y eso sería más flexible que las reglas actuales.

Debido a numerosos casos de “copiar y pegar” en informes encargados anteriormente, el Consejo restringió el uso de fondos públicos para asesorías que sólo estuvieran orientadas a “asistir a los parlamentarios en el ejercicio de su función legislativa”.

Lo que Zaldívar propone es ampliar el criterio para usar fondos para asesorías más allá de “funciones legislativas”.

El diario La Segunda llamó a diversas organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia y citó a nuestra directora ejecutiva, Jeannette von Wolfersdorff:

“Hay un diseño institucional bastante difuso en relación con el financiamiento de las asesorías parlamentarias, y del trabajo distrital. Eso sí, en estricto rigor, la propuesta no empeora la situación; la sincera. Probablemente, los parlamentarios han tendido a usar las asignaciones para asesorías externas para financiar su trabajo distrital. (…) Si se financia con fondos del Congreso a asesores políticos distritales, su trabajo debería estar localizado 100% en mejorar el trabajo legislativo desde los territorios. Eso no está regulado así [y] no me parece adecuado financiar con fondos del Congreso, un trabajo que no se relaciona con laborales legislativas”.

Otras opiniones vertidas también apuntaron al cuidado que habría que tener en la definición y claridad de los nuevos límites:

“Claramente esto va en el sentido contrario, (…) debiesen ser para asesoría legislativa y cada vez más residuales, ante una asesoría parlamentaria profesional estable del Congreso. Será muy dificil que nose preste para acciones de propaganda política y reforzamiento de imagen, que finalmente hacen aún más dispareja la cancha entre incumebntes y desafiantes. La línea delgada trazada abre nuevas puertas de cuestionamientos”, señaló Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

“Es importante regular el alcance y qué se entiende por asesorías externas, de modo que se presentan un buen servicio y apoyo a la labor parlamentaria. Sin embargo, esto debe ir de la mano de transparencia y fiscalización, y se debe delimitar, para evitar casos de triangulación de dineros por servicios no prestados, como investiga el Ministerio Público”, indicó María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público.

“Lo mismo para asesores de imagen. (…) Evidentemente que con este nuevo criterio hay un riesgo enorme de contratación de asesores que no van a tener ninguna relación con los temas técnicos de legislación. Lo que requiere la función parlamentaria es asesoramiento técnico en el trámite de los proyectos de ley. Debe haber una auditoría muy estricta”, enfatizó Raúl Urrutia, ex presidente del Consejo para la Transparencia.

“Es posible pensar que se contraten estudios de opinión o asesorías políticas o comunicacionales, pero siempre limitados a la labor legislativa y con límites muy claros para que los recursos no sean utilizados con fines electorales. (…) Es fundamental que se apruebe el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Congreso y que establece un órgano independiente encargado de investigar posibles infracciones y que sirve de apoyo a las comisiones de ética y transparencia que están compuestas por congresistas”, recalcó Octavio de Favero, coordinador legislativo de Fundación Ciudadano Inteligente.

“En muchos casos los asesores son claves. El problema es cuando tienen términos de referencia que no son transparentes, haciendo que su función y su rol no sean accountables (susceptible a una rendición de cuentas). (…) Actualmente, como no hay funciones claras, pagan como asesorías de contenido— con fondos públicos— para tares de posicionamiento e imagen. La idea es que se legisle no solo para transparentar los términos de referencia; también para limitar el tipo de servicio que pueden otorgar los asesores”, dijo Paulina Ibarra, directora ejecutiva de Fundación Multitudes. 


Fuente: La Segunda, 18-05-2018, página 22, “El riesgo de las asesorías parlamentarias más “flexibles” que evalúa Zaldívar”, disponible en este link. 

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