Este sábado el diario Pulso de La Tercera publicó sobre un estudio realizado por el Observatorio que revela que en 2018 sólo 25 de 332 programas en el proyecto de ley de Presupuesto tuvieron algún cambio como consecuencia del debate parlamentario: esto a partir del estudio comparativo entre la propuesta inicial del Ejecutivo el 30 de septiembre y la aprobada posterior al debate en el Congreso.

Este fenómeno evidencia el desigual poder negociador que tiene el Congreso en el debate del erario nacional.

El medio económico contextualiza la situación actual del debate entre las comisiones de presupuesto y el Ejecutivo por la retirada del decreto de recorte del gasto fiscal para la ley de 2019. Según la Constitución, el Congreso sólo tiene facultar para reducir los gastos dentro del proyecto de ley, a pesar del álgido debate que se da cada año.

En montos, el proyecto inicial propuso un gasto de $50.826.522 millones y al momento de aprobarse se acordó $50.827.320 millones: es decir, un aumento del 0,002%. Dentro de la región, la tendencia es similar. El presupuesto argentino bajó el gasto 0,9% y el mexicano aumentó 0,73%, mientras que en Perú y Colombia no hubo cambios posterior a la discusión parlamentaria.

A pesar de las limitaciones constitucionales, el poder legislativo sí puede incidir en la distribución de los recursos. En la práctica, esto resulta acotado. Sólo 25 de 332 programas del proyecto de ley para el presupuesto 2018 experimentaron cambios, es decir, un 7,5% de los programas sufrieron modificaciones.

Según lo indica el Pulso, el Observatorio propone elevar las capacidades técnicas del Congreso para analizar el presupuesto para tener una voz más activa acerca de los resultados, eficiencia clasificación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Entrevistada por el medio noticioso, nuestra directora ejecutiva, Jeannette von Wolfersdorff, considera clave la creación de la Unidad de Análisis Presupuestario, que quedó comprometida en el protocolo que acompañó el despacho de la Ley 2018. Esto sin poner en duda las atribuciones del Ejecutivo en materia de flexibilidad presupuestaria que le permite resignar el gasto ex post.

“La flexibilidad es importante para una ejecución eficiente a nivel presupuestario y exige una rendición de cuentas muy clara, ante todo, de información acerca de qué se está haciendo con el gasto público y con cuáles resultados”, explica Jeannette.

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