Análisis del marco jurídico de las Corporaciones Municipales en Chile

El pasado 25 de enero de 2017, Transparencia Internacional dio a conocer el resultado de su informe anual en el que analiza los niveles de percepción de corrupción al interior del sector público en 176 países del mundo.

En esa oportunidad, Chile se ubicó en el lugar 25 de la lista, cayendo desde su posición 23, y siendo nuevamente superado por Uruguay, país que se mantuvo con el nivel más bajo en la región, en el lugar 21.

Los resultados obtenidos en esta materia tienen su correlato en lo expresado por la opinión pública respecto de cómo percibe a su sector público. Podríamos aventurar como hipótesis que, para la evaluación del año 2017, esta situación podría ser incluso menos favorable, si se considera lo ocurrido con la identificación y denuncia del millonario fraude en Carabineros.

También influirá negativamente lo acontecido a fines del 2016 en materia de gestión municipal donde, a raíz de los cambios de administración, se conocieron una serie de situaciones que evidencian las falencias existentes en materia de gestión, control y rendición de cuentas, que, si bien no se ha demostrado que sean directamente atribuibles a casos de corrupción, sí podrían incentivar un incremento en la percepción de la misma.

 Entre estas situaciones destaca lo acontecido en la comuna de Maipú, donde se dieron a conocer una serie de denuncias realizadas ante el Ministerio Público por la alcaldesa de dicha comuna en contra de 42 funcionarios por irregularidades, entre las que se cuentan la existencia de funcionarios “fantasmas” que estarían siendo remunerados sin prestar los respectivos servicios para los cuales fueron contratados.

A ello se sumarían las situaciones de déficit que están enfrentando diferentes comunas del país, como es el caso de la Municipalidad de Santiago, cuyo déficit en materia educacional asciende a la suma de $12 mil millones, debido a que las subvenciones otorgadas por la cartera de Educación estarían siendo utilizadas para pagar remuneraciones a nivel local y, lo más grave, es que ese déficit se habría producido en desconocimiento de su máxima autoridad comunal, según lo declarado por algunos concejales de dicha repartición.

En igual condición se encontraría la comuna de Ancud que, entre otras, denuncia un déficit por parte de su Corporación Municipal de al menos $2.500 millones, cifra que estaría siendo engrosada por deudas pendientes por pago de imposiciones, pagos de servicios a proveedores, devoluciones de recursos al Ministerio de Educación y al Servicio de Salud de Chiloé. Situaciones similares a las descritas también se han identificado en las comunas de Providencia, Renca y probablemente en varias otras municipalidades donde hubo cambio de alcaldes.

Conoce el estudio completo en este enlace.